Revisamos lo que se le factura a la obra social, impugnamos lo que no corresponde, gestionamos los reintegros que el sistema reconoce y convertimos los datos de prestaciones en información para gastar mejor. Nuestro principio es simple: que cada uno pague lo que le corresponde.
El mismo criterio que aplicamos en hospitales y centros de salud para que cobren lo correcto, lo aplicamos con los financiadores para que paguen lo que corresponde.
Auditamos las facturas que los efectores públicos presentan a la obra social e impugnamos las prestaciones que no le corresponde pagar.
Gestionamos los reintegros de prestaciones de alto costo que la Superintendencia de Servicios de Salud reconoce a las obras sociales nacionales (Res. 731/2023), desde el empadronamiento hasta la presentación de solicitudes y la respuesta a rechazos.
Analizamos las prestaciones en cascada (convenio, institución, profesional y paciente) para detectar desvíos de uso y sobrefacturación, y comparar prestadores con convenios similares.
Prestaciones facturadas a personas que no estaban afiliadas o sin cobertura vigente al momento de la atención.
Pertinencia clínica de lo facturado: prácticas, internaciones y medicación que no se corresponden con la atención registrada.
¿Quién debe pagar? Detectamos cuando el obligado es otro: ART por accidente de trabajo, terceros responsables, doble cobertura u otros regímenes.
Equipo multidisciplinarioMédico auditorContadorAbogadoEquipo operativoSupervisión
Lo que aprendemos al revisar prestaciones alimenta un tablero de gestión para la obra social: dónde se concentra el gasto, qué prestadores se desvían y qué se puede recuperar.
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